USO demanda políticas de efecto inmediato ante la escalada sin topes del precio de la luz

El megavatio por hora será hoy siete veces más caro que hace justo un año y cada día se pulveriza un nuevo récord de precio de la luz a pesar de que septiembre ya se cerró como el mes con la energía más cara de la historia. Todo ello, además, en un contexto de incremento de la pobreza y las desigualdades obra de la crisis y de un contexto crónico de baja calidad laboral que la pandemia ha agravado. Por ello, USO le reitera al Gobierno la urgencia de adoptar medidas que tengan un efecto inmediato en la factura de la luz.

“Ninguno de los que puede hacer algo lo ha hecho y se ha llegado a un punto insostenible en el que no valen medidas correctoras cuyos resultados se vean a medio plazo. El 25% de los hogares están en graves dificultades y no pueden afrontar este desembolso con un mercado laboral eternamente precarizado, basado en contratos temporales e ingresos bajos”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO, quien incide en que informes como el de Cáritas o la Fundación FOESSA “señalan que, por primera vez desde 2007, la exclusión severa afecta a más de 6 millones de personas”.

En esta situación, “los suministros más básicos se disparan cruelmente. No se puede hacer dejación de funciones en materia de vivienda, energía, agua y, ya hoy, internet. Son derechos humanos y necesidades de primer orden que se están vulnerando mientras se mira para otro lado o se dan la vuelta culpando a Europa: no, también en España se pueden acometer políticas”, arguye Pérez.

USO lleva tiempo alertando de que “se agrava la pérdida generalizada de poder adquisitivo de los trabajadores, con un IPC disparado y un diálogo social que avala y consolida esa pérdida, en un momento tan delicado de recuperación de la actividad económica, con muchas personas y empresas en situación muy preocupante”.

Por último, el secretario general de USO advierte de que, “como sindicato con representación en las principales empresas energéticas del país, denunciaremos si se quiere cargar sobre los trabajadores, recortando plantillas e inversiones, el impacto que algunas de las medidas para minorar los beneficios de las eléctricas puedan tener”. En este sentido, Pérez subraya la importancia de que “el Gobierno actúe y dialogue diligentemente con las empresas para que la transformación y la modernización del sector sea responsable y justa, también en materia laboral”.