El CEEC analiza las carencias y puntos débiles de la Ley del Cambio Climático

 Desde el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña (CEEC) se valora la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor el pasado mes de mayo, como una hoja de ruta imprescindible para avanzar hacia un futuro sostenible, pero todavía es necesario ver cómo se desarrollará en función del territorio y de las competencias de este. El CEEC avisa que, en ningún caso, la Ley de Cambio Climático debe convertirse en un freno para las ambiciones mayores respecto sostenibilidad y energías renovables de algunos territorios. En este documento se analizan y valoran los principales ejes que conforman la Ley 7/2021. 

La Ley del Cambio Climático y Transición Energética es un excelente punto de partida en el camino a la transición energética y a la descarbonización, pues transmite al mercado la existencia de un marco genérico y de una apuesta decidida hacia una neutralidad de carbono en 2050 con respecto a la economía, sin olvidar la nueva taxonomía europea que aplica a las inversiones ligadas a actividades económicas sostenibles. 

A pesar de todo esto, la Ley muestra menos ambición que la Comisión Europea respecto la eficiencia energética: mientras la CE ya habla de lograr la eficiencia energética en un 55% de cara al año 2030, la Ley de Cambio Climático deja la adaptación del ritmo en manos del Gobierno vigente. 

La edificación eficiente y sostenible 

En materia de edificación eficiente y sostenible, el CEEC aplaude la apuesta que la Ley hace para actuar en edificios con gente en situación de vulnerabilidad energética; así como el hecho de que los Planes a desarrollar en eficiencia energética no dejan de lado otras necesidades, tales como la accesibilidad. La alineación y compatibilidad de acciones con el vector energético es imprescindible. 

Sin embargo, existen puntos dentro de este ámbito a tener en consideración para alcanzar los objetivos marcados. Por un lado, aunque aparezca el concepto de la “huella de carbono” en los nuevos materiales a emplear en edificios, se evita enmendar el concepto de “ciclo de vida del edificio”, lo que puede afectar al mercado y al regulador generando confusión, especialmente en períodos donde la inversión se incrementa. 

El artículo 8.5 avala el fomento de unas tecnologías de forma prioritaria, dejando de lado que el principio rector de la EPBD (mal traducida como «Directiva de Eficiencia Energética del Edificios») es #EnergyEfficiencyFirst. En este sentido, no debemos olvidar que la reducción de la demanda de la energía y su gestión es el primer paso lógico en cualquier actuación en edificios. La acción combinada, y en el adecuado orden, es el camino correcto. Aparte de esto, la definición de un mecanismo de control y seguimiento del consumo del parque edificado y de la implantación de las políticas es necesaria, es el mejor instrumento para un correcto análisis. 

La Ley tiene en cuenta los colectivos vulnerables, aún presentando carencias 

El ámbito que corresponde a una transición justa para territorios y personas en situación de vulnerabilidad también aparece en la Ley 7/2021. Desde el CEEC se valora el hecho de que se tenga en cuenta los colectivos en situación de vulnerabilidad, así como las áreas geográficas más vulnerables; sin embargo, la Ley presenta una serie de carencias que necesitan definición y resolución para una correcta implementación. 

La Ley no identifica las futuras desigualdades que generarán los efectos del cambio climático en los colectivos más vulnerables, agravando el impacto cuando éste se produzca. A la vez, también se habla de «medidas de protección» para estos colectivos, pero no se concreta cómo se tomarán dichas medidas. 

Finalmente, el concepto de «transición energética justa» parece reservarse para territorios específicos, cuando debería ampliarse tanto en áreas geográficas en proceso de descarbonización como aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Objetivos muy ambiciosos en referencia al sistema eléctrico, pero con asignaturas pendientes 

En cuanto al sistema eléctrico, es cierto que los objetivos fijados de cara al 2030 referentes a la implantación de las energías renovables y mejora de la eficiencia energética son más ambiciosos que los establecidos por la Comisión Europea en el Clean Energy Package: se quieren reducir las emisiones en un 23% respecto al año 1990, que las energías de origen renovable penetren en al menos un 42%, y que la eficiencia energética mejore en un 39,5%. Para conseguir la electrificación y la reducción de emisiones, sin embargo, será necesario que las administraciones implicadas cooperen, colaboren y se coordinen; que el marco regulatorio sea estable y predecible para permitir a los agentes y a las empresas el retorno de las inversiones realizadas, y que sus ciudadanos dispongan de las señales adecuadas para incentivar comportamientos de ahorro y de eficiencia, la implicación de la ciudadanía y reforzar el conocimiento sobre el cambio climático. 

Otros factores pertenecientes al sistema eléctrico que también toca la ley son las transformaciones tecnológicas, los recursos distribuidos y la fiscalidad energética y ambiental. En cuanto a los dos primeros, resulta imprescindible impulsar la digitalización y las redes inteligentes para alcanzar la descarbonización total. La aplicación de las nuevas tecnologías supondrá la aparición de nuevos modelos de negocio (vinculados a la movilidad, la gestión de la demanda y la eficiencia energética). Respecto los recursos distribuidos, es un hecho innegable que el sistema eléctrico debe avanzar hacia sistemas que permitan la integración efectiva de estos recursos, y con interacción con las redes eléctricas. Esto, pues, requiere de un efectivo desarrollo normativo. 

La fiscalidad energética y ambiental es la asignatura pendiente de la Ley de Cambio Climático; si bien la Ley contempla la creación de una Comisión de expertos para evaluar una reforma fiscal que valore la fiscalidad verde, las modificaciones irán en paralelo con la situación económica. Es necesaria, por tanto, la instrumentación de una «fiscalidad verde» que internalice adecuadamente los costes ambientales de la energía. Un desarrollo sólido, o no, de la fiscalidad ambiental, comportará que los objetivos fijados por la propia Ley en el horizonte de 2030 sean o no realizables.