El Gobierno pretende aclarar el panorama de solicitudes de proyectos de energías renovables en España y depurar aquellos que considera especulativos porque, pese a solicitar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, no han avanzado en las tramitaciones legales. El Ministerio de Transición Ecológica señala que un 60% de los 430.000 megavatios (MW) en proceso de solicitud no han evolucionado, por lo que se entiende que en muchos casos los promotores de esos proyectos están esperando a venderlos a inversores interesados en desarrollarlos y conseguir así beneficios de la simple demanda de autorización. “Queremos poner freno a los proyectos especulativos”, ha dicho Teresa Ribera, titular de Energía tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

Transición Ecológica cree que esa alta demanda de autorizaciones en realidad se está convirtiendo en un cuello de botella tanto para la planificación de redes como para la puesta en marcha de los proyectos cuyos promotores sí tienen pretensiones de llevarlos a cabo. El Plan de Energía y Clima estima que en la próxima década se instalen en torno a 60.000 MW, lo que supondría una inversión de 90.000 millones de euros y la generación de hasta 135.000 empleos.

Para evitar dudas sobre los proyectos en marcha, Transición Ecológica ha decidido habilitar una vía de salida a aquellos proyectos que puedan ser especulativos sin tener que ejecutar las garantías que hay que presentar en cada petición de autorización. Conforme a un real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, los titulares de esas autorizaciones tendrán un plazo de tres meses para renunciar a ellas, lo que permitiría la devolución de las garantías. De lo contrario, esas empresas entrarán en un calendario de obligatorio cumplimiento para conseguir los hitos administrativos marcados por el Ministerio, desde la obtención de la declaración de impacto ambiental a las licencias de obras, durante un periodo máximo de cinco años. De no asumir esos objetivos, las garantías serán ejecutadas y los promotores del parque perderán igualmente sus licencias.

El Gobierno, asimismo, abrirá una moratoria para impedir la solicitud de nuevos proyectos hasta que se elabore una nueva regulación, que será más estricta en lo que respecta a la maduración de cada uno de los proyectos. En resumen, Transición Ecológica quiere acelerar la implantación de energías renovables en España. El objetivo es que el 74% de la electricidad en España en 2030 sea renovable.

Abaratamiento de costes

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que el decreto aprobado gana relevancia en el actual contexto de la crisis económica vinculada con el coronavirus. “El despliegue de las energías renovables va a ser uno de los factores tractores para la generación de empleo perdurable y la competitividad industrial”, ha defendido la ministra. El coste la infraestructura, ha añadido Ribera, se ha reducido en una década un 80%, mientras que el precio de generación ha caído un 94%. La ministra también ha subrayado la necesidad de dar más seguridad al mercado.

La norma aprobada este martes también incluye la creación de un nuevo sistema de subastas para fijar los precios de las renovables, de forma que las generadoras puedan tener previsiones más fiables de sus ingresos y puedan establecer marcos inversores más realistas con sus expectativas. Fuentes de Transición Ecológica señalan que, aunque ese marco tiene que desarrollarse reglamentariamente, la primera subasta podría celebrarse antes de que concluya 2020. Los clientes podrán ver guiados sus precios a través estas subastas, pero también a través de contratos directos con generadores (los denominados PPA). Los pequeños productores quedarán exentos de participar en la subasta para poder recibir la retribución.

El Gobierno considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante en las subastas para renovables, dada la modernización de este tipo tecnologías y las economías de escala, lo que ha permitido rebajar sus tarifas y ser competitivas frente a la generación tradicional. Ese posible abaratamiento de precios permite pensar al Ejecutivo que mejorará la competitividad de la economía.

Otra de las medidas incorporadas al decreto se basa en la posibilidad de crear parque híbridos, en los que convivan diferentes tecnologías de generación, fotovoltaica y eólica, por ejemplo. La medida se argumenta con el hecho de poder optimizar la red de distribución energética y permitir ahorrar costes a los titulares de instalaciones.