Un análisis realizado por Greenpeace ha puesto en evidencia que el Banco Central Europeo (BCE), en respuesta a la crisis sanitaria, ha comprado entre mediados de marzo y mediados de mayo bonos corporativos por valor de casi 30.000 millones de euros, entre los que se incluyen la inyección de más de 7.600 millones de euros en el sector de los combustibles fósiles. Según este análisis, con la compra de bonos de solo siete de las grandes empresas contaminantes, el BCE ha contribuido a la emisión de 11,2 millones de toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera, una cantidad superior a las emisiones anuales de Luxemburgo. El Consejo de Gobierno del BCE se reunirá mañana, 4 de junio, para analizar una revisión de su estrategia monetaria. 

El desglose de las compras de bonos corporativos del BCE revela que 4.400 millones de euros se destinaron a empresas eléctricas, como EON o Engie. Más de 3.200 millones de euros (1), con una huella de carbono estimada de casi ocho millones de toneladas, se destinaron a la industria del petróleo y el gas, incluyendo Shell -una de las empresas más contaminantes del mundo-, Repsol, Total y Eni.

Como banco regulador de las entidades financieras en la zona euro y como uno de los principales compradores de bonos corporativos del mundo, cualquier compra de activos que realice el BCE tiene una enorme influencia en la industria de los combustibles fósiles y, por tanto, un importante impacto tanto en la recuperación verde de Europa tras la crisis sanitaria, como en la mitigación o impulso de la actual crisis climática. El programa de compra de activos en curso, lanzado por el BCE en 2014 como respuesta a la crisis del euro, ha demostrado ir en contra de los esfuerzos de la UE por frenar el cambio climático. Un análisis de la London School of Economics señalaba en 2017 que, mientras los bonos corporativos de las empresas energéticas suponen el 5% del total en la Unión Europea, un 25% de los bonos comprados por el BCE son de empresas de este sector. (2) 

“El BCE y otros bancos centrales deben dejar de inyectar dinero público a las empresas contaminantes. Los activos que el BCE ha comprado como respuesta a la pandemia siguen anclados en el pasado, contribuyendo a agudizar la crisis climática. A medida que esta crisis continúa escalando, no podemos permitirnos más dinero público destinado a los combustibles fósiles. El BCE debe excluir los combustibles fósiles y otros activos intensivos en emisiones de futuras compras y alinear sus políticas económicas con los objetivos del Acuerdo de París”, ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

Greenpeace exige que el BCE excluya a las compañías de combustibles fósiles en las políticas de flexibilización en la compra de valores, principalmente bonos, destinadas a aumentar la oferta monetaria y reducir las tasas de interés en la zona euro. La organización ecologista pide que la revisión de la política monetaria del BCE incluya la incorporación de los riesgos del cambio climático en la toma de decisiones. Esto podría hacerse bien mediante el aumento de los requisitos y garantías exigidas a los bancos para recibir fondos del BCE (mediante la exclusión de empresas contaminantes) o a través del aumento del capital que los bancos están obligados a mantener en depósito cuando prestan dinero a las empresas del sector de los combustibles fósiles.