La Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME) ve positiva la propuesta de ley de cambio climático que ha impulsado el Consejo de Ministros y que ahora está a la espera de la aprobación del Congreso de los Diputados. Según ASEME, “cualquier paso hacia delante para mitigar las consecuencias del calentamiento global es importante”, afirma su presidente, Oriol Xalabarder.

España no cuenta con una ley de cambio climático, a pesar de que el Congreso la reclamó en 2011 y había consenso de la mayoría de los partidos sobre su necesidad, por lo que las empresas asociadas a ASEME han recibido positivamente esta ley que marcará la ruta a seguir para desenganchar al país de los combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, ya que además servirá para blindar las políticas necesarias para que España cumpla con sus compromisos climáticos internacionales.

La norma, entre otras medidas, también marca que para 2030 el porcentaje de renovables sobre el consumo final de energía, lo cual incluye electricidad y transporte, deberá llegar al menos al 35%. Para conseguirlo, en 10 años el 70% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable y se tendrá que mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En 2050, el 100% de la electricidad tendrá que generarse con energías limpias. También pretende crear puestos de trabajo, calculando que el empleo aumente entre 250.000 y 350.000 personas para 2030.

90 MILLONES DE INVERSIÓN
En España existen más de 300 empresas distribuidoras de energía eléctrica de ámbito local, muchas de ellas miembros de la asociación ASEME (www.aseme.org), punto central de referencia especialmente cuando la regulación del sector se mueve.

Las empresas que conforman ASEME ya trabajan en un escenario de transición energética. Así lo demuestran los planes de inversión que se presentaron el pasado mes de abril para los próximos años 2021-2023. Los planes prevén unos 90 millones de inversión que se destinarán resumidamente en varios ámbitos: gestión inteligente de los procesos de intercambio de puntos de suministro, inversión en sensorización y monitorización de la red para que ésta, en un futuro breve, pueda tomar decisiones por si misma de autoconfiguración y reposición
de servicio.

También se invertirá en la repotenciación de redes existentes para dar cabida a una mayor electrificación de la movilidad. En último término, solo en casos muy puntuales, se precisará la creación de nuevas redes por garantías de suministro o crecimientos de la demanda.

Por su parte, las empresas distribuidoras locales de energía eléctrica afrontan el reto que supondrá el crecimiento de la generación distribuida y, en especial, el autoconsumo, apostando por la innovación a la hora de gestionar la red de distribución, invirtiendo en sistemas inteligentes que ayuden a aportar la flexibilidad necesaria para facilitar el cambio de modelo energético hacia la descarbonización.

“El cambio de modelo tecnológico en el sector eléctrico que demanda la transición energética es un cambio sin precedentes. Por ello, se debe garantizar que las inversiones obtengan una rentabilidad atractiva y ser consciente, por parte de los órganos reguladores, de que los costes de operación y mantenimiento actuales pueden no tener relación ni proporcionalidad con el de las futuras redes. Así pues, primero proponemos seguir sus costes reales y, según estos, establecer los límites retributivos en base a una experiencia contrastada”, afirma Xalabarder.

Las inversiones, en líneas generales buscan permitir la incorporación de energías renovables en la red de distribución de las empresas que conforman la Asociación. Al mismo tiempo, fomentarán la inversión local y también el impulso de sitios de trabajo en este ámbito como solución para la reactivación de la economía, sobre todo después del cese de actividad de muchos sectores durante los últimos meses causado por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.