El Ministerio de Industria está preparando un giro de 180 grados al Estatuto para las grandes industrias electrointensivas. La intención del Ejecutivo es acercar los actuales 68 euros/MWh de precio medio a los 40 euros que se pagan en otros grandes países europeos.

El departamento que dirige Reyes Maroto ha informado esta semana en una reunión que tiene intención, tras la negativa mostrada por la CNMC y la Comisión Europea, de retirar las exenciones planteadas para los pagos por capacidad y para la interrumpibilidad, tal y como habían planteado.

En esta reunión, se propusieron como alternativa nuevas medidas para que la industria pueda hacer frente al elevado coste de la electricidad. Según indicó el director general de Unesid, Andrés Barceló, Industria está planteando la aplicación de un sistema como el alemán de modo que una parte de las primas que todavía reciben las renovables no sean sufragadas por estos consumidores, aunque indicó que todavía se tiene que aterrizar la forma en la que se aplica.

El Gobierno duplica las ayudas a la gran industria para abaratarle el recibo de la luz

Las primas a las energías limpias se financian en estos momentos a través de los peajes del recibo de la luz (alrededor del 50% del mismo) y cualquier cambio en el mismo debe cargarse a otro consumidor o reducirse dicho gasto, tal y como recoge la Ley.

Además de esta opción se plantea también que se pueda actuar sobre los impuestos que se crearon con el Real decreto Ley 15/2018 que aplicó el impuesto a la generación del 7% así como el céntimo verde. Según las cuentas que maneja el sector, entre ambas medidas podrían permitir un ahorro del orden de 4-5 euros/Mwh, algo superiores a las anteriores y que se podrían añadir al dinero que recibirán como compensación por los costes de emisión de CO2.

La Orden Ministerial que sacó esta misma semana el departamento de Reyes Maroto prevé la adjudicación de 91 millones como compensación de los derechos de emisión y ya incluye las obligaciones, por ejemplo, de mantener el empleo durante los próximos tres años.

Si el Gobierno, finalmente, cumpliera su compromiso de elevarlo hasta 200 millones -el sector espera que como máximo este año ascienda a 178 millones- el efecto para estos consumidores sería del orden de 6-7 euros/MWh adicionales. Es decir, hasta 12 euros en total.

En Alemania, los consumidores pagan en función de su nivel de intensidad en el consumo eléctrico, y la UE lo admite

Las grandes industrias quieren que el marco que salga de esta nueva normativa pueda ser estable y por ello piden que se destine una parte del dinero de las subastas de CO2, tal y como permite la Comisión Europea. 

La intención de Industria, tal y como explica Barceló, es tener disponible el nuevo texto antes del verano, un extremo que se pone en duda por parte de las empresas ya que debería volverse a pasar a consulta a la CNMC, así como a los servicios de la Comisión Europea y el Consejo de Estado.

El Gobierno propondrá también la inclusión de avales de Cesce para los contratos de PPA que tienen que firmar las industrias con los promotores de renovables pero siempre a precios de mercado ya que la obligación de contratación podría suponer un encarecimiento ficticio y beneficioso en este caso para los vendedores. Este sistema es muy similar al que se aplica en Noruega donde también las entidades públicas facilitan este tipo de avales.

En Alemania, los consumidores pagan en función de su nivel de intensidad en el consumo eléctrico. Los más grandes, con más de 1 GWh cuyo coste de la energía es al menos del 17% de su valor añadido bruto, sólo pagan el 15% de la tasa general. Este sistema es admitido por la Comisión Europea, así que el Gobierno ha decidido seguir este camino para no volver a chocar con la UE.