La Cátedra BP, resultado del acuerdo entre la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y BP España, ha presentado esta mañana las conclusiones del Informe 2018[1] del Observatorio de Energía y Sostenibilidad. 

El Informe señala que en 2017 el sector energético español consumió 6,3 exajulios (EJ) de energía primaria y emitió, una vez descontadas las exportaciones, 300 millones de toneladas (Mt) de CO2, generando un valor añadido (sin descontar los costes externos) de 48.380 millones de euros (correspondiente aproximadamente a un 3,7% del PIB). 

La Cátedra BP concluye que el año 2017 el sistema energético español ha empeorado en todos los indicadores de sostenibilidad energética. Sigue aumentando la demanda de energía (un 3,2% en energía primaria y un 1,4% en energía final), la intensidad energética se reduce, pero seguimos por encima de la media de nuestro entorno, y aumenta la factura energética y las emisiones de CO2.

De nuevo, además, esta evolución viene condicionada por elementos no gestionables, como el ciclo hidrológico o los precios internacionales de los combustibles. Igual que el año pasado la mejora se debía a la meteorología, este año demuestra que no podemos confiar en ella para solucionar nuestros problemas. En un escenario de largo plazo, parece poco razonable fiar la sostenibilidad del sector energético de las precipitaciones, más aún en el caso español, que se enfrenta a un importante riesgo de bajada de las precipitaciones debido al cambio climático.

Así, en ausencia de lluvias, aumentó el uso del carbón un 22%, del gas un 9%, y del petróleo y sus derivados un 3%. Todo esto llevó a una reducción de la cuota de energías renovables, hasta un 10% de la energía primaria, y del 33% de la producción eléctrica. Además de un aumento de las emisiones de CO2 (un 4%) y de la intensidad de carbono (un 3,2%) del sector energético, en un contexto en el que debemos reducirlas para cumplir nuestros compromisos con Europa y con el Acuerdo de París.

El sector del transporte, que sigue siendo el principal emisor y consumidor de energía de la economía española, mostró mejoras en el transporte privado por carretera, que se redujo un 3,7%, pero a cambio siguió aumentando el transporte por avión (un 2,8%) y por tren (3,2%). Además, el transporte de mercancías aumentó casi un 8%.

También es preocupante el aumento de la factura energética, no sólo debida al aumento de la demanda. El repunte de los precios internacionales de los combustibles en 2017 supuso un aumento del 53% de los gastos en energía primaria con respecto a 2016, con las consecuencias negativas correspondientes en la competitividad de la industria y la renta de los hogares. El único sector que mantuvo su competitividad fue el refino, que de hecho aumentó su valor añadido en un 6% gracias a las exportaciones. La única solución a este respecto, más allá de mejoras en la fiscalidad que pueden ser únicamente transferencias, es la promoción del ahorro energético, y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles cuyos precios y volatilidad están también fuera de nuestro control. 

Hay que recordar además que este gasto energético no incluye los costes externos debidos a la contaminación o la congestión. Cuando se incorporan los costes externos de la contaminación, el valor añadido del sector energético español se reduce más de un 47%. Estos costes externos, de hecho, aumentaron un 6% con respecto al año anterior.

Retos del actual modelo energético español

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo energético español continúa presentando importantes desafíos respecto a las emisiones de CO2, la eficiencia energética, la dependencia energética exterior o al impacto medioambiental. El borrador de Plan Nacional de Energía y Clima publicado en 2019 establece objetivos muy ambiciosos para enfrentarse a estos desafíos, y es una iniciativa muy bienvenida, junto con el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, o la Estrategia de Transición Justa o de Pobreza Energética. 

Sin embargo, creemos que la ambición de los objetivos debe combinarse con la minimización de los costes para el consumidor, con una batería potente de medidas de ahorro y eficiencia energética que cambie nuestra tendencia en este aspecto, y con el despliegue de una estrategia ambiciosa de innovación energética, como elementos también fundamentales para la sostenibilidad. También consideramos fundamental contar con un consenso lo más amplio posible sobre los objetivos y medidas a plantear. A este respecto, el Informe de la Comisión de Expertos, publicado en 2018, demostró que es posible alcanzar un consenso amplio en muchos temas, y puede ser por tanto un buen punto de partida.

Por ejemplo, desde la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad consideramos que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería incluir algunos elementos muy relevantes y que no se han considerado aún en su borrador: un precio para el CO2 estable y creciente, en el marco de una reforma fiscal verde; un diseño apropiado de los mercados energéticos; una estrategia de innovación energética en un contexto global; y un comité de supervisión independiente que garantice la visión de largo plazo.

Esperamos que todos los partidos políticos, en la nueva legislatura, sean capaces de superar el cortoplacismo y puedan alcanzar el necesario consenso en torno a estos elementos, formulando una política de Estado asumida por todos en materia de energía y clima que asegure la consecución de un modelo energético sostenible lo antes posible.

Para descargar el informe: 

http://www.comillas.edu/es/catedra-bp-de-energia-y-sostenibilidad/observatorio