La Dirección General de Sostenibilidad ha convocado a 43 empresas en una jornada especializada dirigida a aquellas empresas con actividad económica dentro del ámbito de aplicación de la ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental en los niveles de prioridad 1 y 2.

La ley es necesaria para dar cumplimento a la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Ambiental, cuyo objeto responde a la necesidad de desarrollar un marco legal que determine un nuevo régimen de responsabilidad, que permita evitar daños ambientales y asegurar una adecuada reparación, en caso de que éstos lleguen a producirse.

Por ello, la trasposición de esta directiva se realizó mediante esta ley que regula la responsabilidad de los operadores cuyas actividades económicas que puedan suponer riesgo ambiental y de esta forma prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que pudieran ocasionar. El ámbito de aplicación de la Ley incluye los daños a las aguas, al suelo, a la ribera del mar, y a las rías. También incluye los daños a las especies de la flora y de la fauna silvestres presentes permanente o temporalmente en España, así como los daños a los hábitats de todas las especies silvestres autóctonas

Asimismo, la ley establece la obligatoriedad de disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad ambiental inherente a la actividad que desarrollen. Esta garantía financiera debe partir de un análisis de riesgos ambientales de la actividad que deberá seguir el esquema establecido en la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes.

También ha sido objeto de esta jornada dar a conocer las herramientas coordinadas, y que han sido aprobadas por la comisión Técnica de prevención y reparación de daños ambientales del MAPAMA, para facilitar a las empresas la evaluación de los escenarios de riesgo y reducir el coste de su realización.

El ponente de la jornada, Juan Carlos Rabal, jefe de servicio de control ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad, ha detallado las modalidades de constitución de la garantía financiera, los requisitos establecidos, la documentación que debe tramitarse con la administración autonómica, así como comunicar el calendario previsto para presentar esta documentación según el nivel de prioridad establecido en la Orden APM/1040 publicada en octubre pasado.