Es el primer golpe policial a las comercializadoras de electricidad piratas, empresas que compran la energía a los grandes distribuidores y la ofertan luego a los clientes. A los pocos meses, cuando la cartera de clientes está consolidada -tenían unos 4.000- dejan de pagar el producto (la luz) pero siguen cobrando. Un negocio redondo: un fraude de más de 60 millones de euros, al que la UCO de la Guardia Civil, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de poner coto. A esas cifras hay que sumar otros 20 millones de agujero en peajes no recaudados y 14 millones más que no pagaron a Hacienda. Ya hay 18 detenidos en Madrid, Barcelona, Tarragona, Gerona, Alicante y Valencia y se han bloqueado inmuebles, sociedades, productos financieros, coches y hasta un velero… Leer más