El gobierno aprueba un Real Decreto https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11505.pdf que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La auténtica genialidad del Ministerio y de las eléctricas consiste en que se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura!

Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de la medida nos lleva a estimar que -con toda seguridad- serán más de 900.000 familias las que entrarían en el rango de vulnerabilidad severa.

El proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Resultado: el Sr. Álvaro Nadal se hace una foto preciosa gracias a su “sensibilidad”, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda, además de verse obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que “activarán” estos servicios públicos cuando estimen oportuno. Es cierto que no todas las familias potenciales incurrirán en impago. El propio Ministerio calcula para todo el bono social eléctrico una penosa “tasa de aceptación” del 45%. Pero en cuanto se corra la voz entre las economías más castigadas, se producirá una insana invitación a dejar de pagar.

La medida posee lagunas y efectos perversos entre los que señalamos:

  • Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales).
  • Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida.
  • Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección (posiblemente más inteligentes) gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.
  • Se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales.
  • La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación.
  • Es una norma antipedagógica y paternalista. Cuando los servicios sociales atienden estas situaciones (ya lo hacen en muchos casos) son muy conscientes de que es la familia la que debe responsabilizarse de sus pagos aunque la procedencia de los fondos sea pública (como lo es para cualquier pensionista o parado que cobre una prestación). Asumir la obligación de pago directo desde la administración no es buen camino.
  • Es muy parcial en su protección (¿y el gas? ¿no podemos cortar la luz pero sí el gas?).
  • Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.
  • Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido (sobre esto ya hay estudios).
  • Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la “culpa” de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones.

    Algunos de los voluntariosos demagogos militantes de la pobreza con apellidos (energética, infantil, hipotecaria, alimentaria…) generan presiones políticas parciales que inducen respuestas fragmentadas, absurdas y desinformadas. La pobreza es un fenómeno más global y complejo que todo eso y es urgente abordar en España el debate de cómo asegurar -por dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital.

    Los profesionales de servicios sociales estamos hartos de que un Ministerio como Industria defina “vulnerabilidad” o de que el de Economía defina “riesgo de exclusión” (véase el Código de Buenas Prácticas Bancarias). ¿Se imaginan que ocurriría si el Ministerio de Defensa definiera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hiciera indicaciones sobre su tratamiento al personal sanitario?

Tómense en serio estas cosas por favor. Tómennos en serio. Tomen en serio a la ciudadanía y analicen el asunto desde la óptica de los derechos fundamentales.