Con el eslogan “Las familias queremos participar en la producción de energía”, esta asociación está recorriendo toda España, con 27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos.

Hoy miércoles, día 27 de septiembre, en Barcelona, en PIMEC – Micro, pequeña y mediana empresa de Catalunya, a las 18:30 horas, Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, celebra en Cataluña una jornada sobre generación social fotovoltaica, enmarcada en la III Edición del Camino del Sol. En el acto intervendránJoan Vila, presidente de la comisión de Energía PIMEC; Maria Assumpta Farran i Poca, directora ICAEN; Albert Mases, delegado de Anpier en Cataluña y Rafael Barrera, Director General de Anpier.

Con el eslogan “Las familias queremos participar en la producción de energía”, esta asociación está recorriendo toda España, con 27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos.

Anpier promueve en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.

En este sentido, ANPIER ha creado una aplicación, en la Web del Camino de Sol (www.caminodelsol.org), que permitirá visualizar el potencial generador de energía fotovoltaica de todos y cada uno de los municipios catalanes de hasta 100.000 habitantes: ahorros posibles por autoconsumo, ahorros municipales e incluso los ingresos que podría obtener cada localidad a través de proyectos sociales de generación.

Como ejemplo, de todos los que ofrece la aplicación, los resultados para los municipios de Rubí y Sant Cugat del Vallés serían (considerando que 2 de cada 10 familias invirtieran en parques fotovoltaicos, 3 de cada diez instalaran sistemas de autoconsumo y que un 75% de los consumos de los ayuntamientos fueran realizados a través de parques municipales fotovoltaicos):

En Rubí: Si 2 de cada 10 familias rubinenses -que en este municipio serían 5.011 familias- destinaran 16.500 € en una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de 20 kW por familia, que supondría un parque de 100 MW, cuyos ingresos totales alcanzarían los 118.000.000 € transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.

En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de Rubí alcanza los 21.047.000 KWh/anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 16 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de Rubí instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 55.612.000 € en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.

Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de Rubí, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 32.000.000 KWh/anuales y en el alumbrado público exterior en 6.089.000 Kwh/anuales aproximadamente, por lo que, se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 21 MW, que tendría un coste de 17.237.000 € y un ahorro anual para las arcas municipales de 4.010.000 €. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 83.023.000 €.

Por consiguiente, con una central fotovoltaica cooperativa de tan sólo 100 MW para la venta de la energía a la red, con autoconsumo fotovoltaico en el 30% de las viviendas privadas y con autoconsumo municipal para edificios públicos y alumbrado, Rubí y sus habitantes dispondrían de un beneficio total, al cabo de 25 años, de  174.000.000 €. Con lo que se evitaría anualmente 72.000 toneladas de CO2. Esto no sólo beneficiaría a las familias fotovoltaicas, sino que generaría un efecto económico multiplicador en otros sectores de la ciudad, al disponer los ciudadanos de más renta, y supondría un menor gasto municipal; además, crearía cientos de puestos de trabajo en el territorio para la instalación y el mantenimiento de estas dotaciones de generación distribuida.

En Sant Cugat del Vallés: Si 2 de cada 10 familias sancugatensas -que en este municipio serían 5.928 familias- destinaran 16.500 € en una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de 20 kW por familia, que supondría un parque de 119 MW, cuyos ingresos totales alcanzarían los 139.500.000 € transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.

En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de Sant Cugat del Vallés alcanza los 24.900.000 KWh/anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 18 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de Sant Cugat del Vallés instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 65.788.000 € en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.

Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de Sant Cugat del Vallés, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 37.680.000 KWh/anuales y en el alumbrado público exterior en 7.203.000 Kwh/anuales aproximadamente, por lo que, se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 25 MW, que tendría un coste de 20.400.000 € y un ahorro anual para las arcas municipales de 4.744.000 €. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 98.214.000 €.

Por consiguiente, con una central fotovoltaica cooperativa de tan sólo 119 MW para la venta de la energía a la red, con autoconsumo fotovoltaico en el 30% de las viviendas privadas y con autoconsumo municipal para edificios públicos y alumbrado, Sant Cugat del Vallés y sus habitantes dispondrían de un beneficio total, al cabo de 25 años, de  205.675.000 €. Con lo que se evitaría anualmente 84.715 toneladas de CO2. Esto no sólo beneficiaría a las familias fotovoltaicas, sino que generaría un efecto económico multiplicador en otros sectores de la ciudad, al disponer los ciudadanos de más renta, y supondría un menor gasto municipal; además, crearía cientos de puestos de trabajo en el territorio para la instalación y el mantenimiento de estas dotaciones de generación distribuida.

Durante este Camino del Sol 2017 se escucha la voz de las 62.000 familias españolas, 6.000catalanas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.

Anpier alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible a la vista del primer Laudo Arbitral del Banco Mundial y, previsiblemente, de todos los que se vayan fallando.

El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial. Resulta inaceptable que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales.

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes hasta del 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.

Sin embargo, el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.