Tras la aprobación del pleno del Parlamento Europeo de un millón de euros del Fondo de Adaptación a la Globalización para mineros del carbón que han perdido su empleo, Greenpeace exige a la Junta de Castilla y León, que deberá gestionar estos fondos, que los destine a la formación para empleos alternativos al carbón, como por ejemplo en el sector de las renovables. De las ayudas se beneficiarán 339 trabajadores de la minería de Castilla y León, despedidos de cinco empresas, y 125 jóvenes que carecen de empleo ni y formación.

Tanto el Gobierno de Castilla y León como el Gobierno central, así como los representantes políticos de los diferentes grupos, deben aceptar y velar por una transición justa y exitosa para la creación de un futuro inclusivo más allá del carbón, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de campaña de Cambio Climático de Greenpeace. “Apostar por las centrales térmicas de carbón frena el emprendimiento y es contrario a la acción climática, además, los políticos saben que no es realista”.

Greenpeace, que el año pasado ya publicó un informe sobre alternativas sostenibles para las cuencas mineras, recuerda además a los organismos competentes que tienen la obligación de realizar un análisis socieconómico y de los potenciales empleos emergentes y sostenibles para la región, de modo que los fondos destinados para las formación y búsqueda de empleo sean específicos para el tipo de actividades económicas que puedan implementarse en la misma.

Cabe destacar que el fondo aprobado por el Parlamento Europeo exige que las ayudas deben facilitar la búsqueda de empleos alineados con el Acuerdo de París y con especial atención a las mujeres para lograr sociedades mejor estructuradas y con igualdad de oportunidades. No en vano, en el sector del carbón la presencia masculina es muy superior a la de las mujeres, de hecho, de los 339 trabajadores despedidos, el 97 % son hombres.

Esta es una oportunidad más para la transición hacia una sociedad que sea justa e inclusiva que apueste por la diversificación de nuevos sectores económicos sostenibles que tengan un impacto directo positivo en la vida de la comunidad y que cuente con la participación de todos los implicados”, ha concluido Nuño.

La ayuda debe todavía ser confirmada por el pleno del Parlamento, el 4 de julio, y el Consejo de Ministros, el 11 de julio.